La Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n del Congreso de Nuevo Le\u00f3n aprob\u00f3 el jueves 10 de junio iniciar un juicio pol\u00edtico contra el gobernador Samuel Garc\u00eda, tras la denuncia presentada por la bancada de Morena el 8 de junio, que lo se\u00f1ala por presunta triangulaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos hacia despachos vinculados con sus familiares. <\/p>\n
Aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesi\u00f3n, la mayor\u00eda de la Comisi\u00f3n decidi\u00f3 dar tr\u00e1mite al procedimiento, lo que implica que el mandatario estatal ser\u00e1 notificado y tendr\u00e1 un plazo de 15 d\u00edas h\u00e1biles para responder y rendir su declaraci\u00f3n ante el Poder Legislativo local, ya sea por escrito o de manera presencial. <\/p>\n
Este proceso se enmarca en una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) inici\u00f3 en abril contra Samuel Garc\u00eda por un presunto esquema financiero para desviar y lavar m\u00e1s de mil millones de pesos. Seg\u00fan las indagatorias, el gobernador habr\u00eda utilizado mecanismos de triangulaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos para beneficiar directamente a su c\u00edrculo familiar, en particular al despacho \u201cFirma Jur\u00eddica y Fiscal Abogados\u201d, cuyos principales accionistas son su padre, Samuel Orlando Garc\u00eda Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando Garc\u00eda Villarreal. <\/p>\n
La investigaci\u00f3n detalla que los recursos p\u00fablicos canalizados por el gobierno estatal terminaban en las cuentas de este despacho familiar, desde donde se distribu\u00edan a otras empresas, principalmente a \u201cSaga Tierras y Bienes Inmuebles\u201d, que habr\u00eda recibido transferencias por m\u00e1s de mil millones de pesos. Posteriormente, estos fondos se enviaron a diversas jurisdicciones fuera de M\u00e9xico, incluyendo Estados Unidos, con el aparente prop\u00f3sito de dificultar su rastreo y ocultar su origen p\u00fablico. <\/p>\n
Frente a estas acusaciones, Samuel Garc\u00eda calific\u00f3 como un \u201crefrito\u201d los se\u00f1alamientos y asegur\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de Justicia de Nuevo Le\u00f3n ya investig\u00f3 y resolvi\u00f3 no ejercer acci\u00f3n penal en su contra. En sus redes sociales, afirm\u00f3 que \u201cson falsos todos los se\u00f1alamientos\u201d y que la autoridad estatal determin\u00f3 que no existe irregularidad tras analizar las pruebas. <\/p>\n
Este caso se suma a la creciente demanda social y pol\u00edtica por transparencia y rendici\u00f3n de cuentas en el manejo de recursos p\u00fablicos, un reclamo que resuena con fuerza en un contexto nacional marcado por la impunidad y la corrupci\u00f3n estructural. Mientras tanto, la apertura del juicio pol\u00edtico representa un paso relevante para que el Congreso local asuma su papel de contrapeso frente al poder ejecutivo, en defensa del inter\u00e9s colectivo y la justicia social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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