Paulina Gonz\u00e1lez Garibay, quien hasta hace unos meses laboraba en la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) en el \u00e1rea de CFE-Distribuci\u00f3n, Divisi\u00f3n Centro Oriente con sede en Puebla, se encuentra en el centro de la pol\u00e9mica tras reportar un ingreso anual neto de m\u00e1s de 60 millones de pesos en su declaraci\u00f3n patrimonial correspondiente a 2024, por concepto de remuneraci\u00f3n durante el a\u00f1o 2023. La cifra, ins\u00f3lita para un cargo p\u00fablico en M\u00e9xico, ha encendido las alarmas sobre los mecanismos de control y transparencia en la empresa productiva del Estado.<\/p>\n
El 27 de febrero de 2025, la CFE emiti\u00f3 un oficio oficial dirigido a la empresa de vigilancia Secumax para restringir el acceso de Gonz\u00e1lez Garibay a las instalaciones de la Divisi\u00f3n de Distribuci\u00f3n Centro Oriente. Dicho documento, firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales, instruye al personal de seguridad a no permitirle la entrada \u201cpor ning\u00fan motivo\u201d y solicita total discreci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de esta medida. Hasta el momento, la CFE no ha emitido un posicionamiento p\u00fablico respecto a los motivos de esta restricci\u00f3n ni sobre el origen de los ingresos reportados por la exfuncionaria.<\/p>\n
La declaraci\u00f3n patrimonial de Gonz\u00e1lez Garibay destaca por su monto fuera de toda proporci\u00f3n con los salarios usuales en la administraci\u00f3n p\u00fablica. Seg\u00fan el documento, percibi\u00f3 $60,343,974 MXN netos en 2023, sin registrar ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras o servicios profesionales. El contraste con la situaci\u00f3n de miles de jubilados de organismos estatales resulta escandaloso y pone en cuesti\u00f3n la gesti\u00f3n de los recursos p\u00fablicos en la CFE.<\/p>\n
Mientras tanto, m\u00e1s de 93 mil jubilados de instituciones como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan una reducci\u00f3n de hasta el 60% en sus pensiones mensuales a ra\u00edz de la reforma al art\u00edculo 127 constitucional. Dicha reforma, cuya entrada en vigor es progresiva y alcanzar\u00e1 su tope m\u00e1ximo en 2026, elimina las llamadas \u201cpensiones doradas\u201d e impone un l\u00edmite de $67,145 pesos mensuales para la mayor\u00eda de los trabajadores del sector p\u00fablico, exceptuando a las fuerzas armadas.<\/p>\n
Este recorte ha generado un ambiente de incertidumbre y temor entre los extrabajadores, quienes consideran que la aplicaci\u00f3n retroactiva de la reforma vulnera el principio de irretroactividad de la ley, protegido por el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n. El ajuste fiscal y la reestructuraci\u00f3n de pasivos laborales, bajo la justificaci\u00f3n de hacer sostenibles las finanzas p\u00fablicas, han resultado en una fuerte presi\u00f3n sobre los derechos adquiridos de estos trabajadores.<\/p>\n
El caso de Gonz\u00e1lez Garibay, sumado a la situaci\u00f3n de los jubilados, revela las profundas contradicciones del actual modelo de gesti\u00f3n de empresas p\u00fablicas en M\u00e9xico. Mientras una minor\u00eda puede acceder a sueldos exorbitantes, la mayor\u00eda de los trabajadores enfrenta recortes y precarizaci\u00f3n. Esta desigualdad es reflejo de un sistema que prioriza la opacidad y los intereses corporativos sobre la justicia social, la equidad econ\u00f3mica y la protecci\u00f3n de los derechos colectivos, valores que deber\u00edan ser el pilar de cualquier pol\u00edtica p\u00fablica orientada al bienestar com\u00fan. La vigilancia y exigencia de transparencia deben ser permanentes ante el riesgo de que el aparato estatal siga reproduciendo l\u00f3gicas de privilegio y exclusi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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