La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) ha anunciado la instalación de módulos de atención en diversas Coordinaciones de Desarrollo Educativo (CORDE) y sedes municipales, del 8 de septiembre al 17 de octubre. El objetivo es apoyar la migración de la nómina del personal con plaza estatal que reside fuera de la zona metropolitana, una medida que busca descentralizar trámites y facilitar el acceso a los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
La SEP ha precisado que la atención, orientación y entrega de tarjetas bancarias serán realizadas por la institución financiera responsable del proceso. Para llevar a cabo el trámite, los interesados deberán presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y un teléfono celular. Esta medida responde a una necesidad histórica de los trabajadores docentes y administrativos que, durante décadas, se han visto obligados a desplazarse largas distancias para realizar gestiones esenciales, exponiéndose a gastos y pérdidas de tiempo injustificables.
La dispersión de los módulos en cada CORDE y en sedes municipales seleccionadas permitirá una atención escalonada y ordenada, según los horarios establecidos por la SEP. Esta decisión, aunque técnica, tiene profundas implicaciones sociales, pues representa un paso hacia la equidad territorial en el acceso a servicios públicos y derechos laborales. De acuerdo con la SEP, la finalidad es “facilitar el acceso a los servicios de pago y garantizar que el personal reciba sus remuneraciones de manera oportuna, evitando desplazamientos innecesarios hacia la capital”.
La descentralización administrativa es una demanda recurrente en los movimientos magisteriales y en las luchas históricas por la justicia social en México. Si bien este anuncio no resuelve todos los retos que enfrentan los trabajadores de la educación, sí representa un avance frente a la lógica centralizadora que ha predominado durante décadas bajo un modelo económico orientado a la eficiencia del capital y no a las necesidades de la base trabajadora.
En un contexto donde las políticas públicas suelen estar marcadas por el interés corporativo y la concentración de recursos en las grandes urbes, es fundamental reconocer el valor de medidas como esta, que buscan acercar los servicios al territorio y dignificar la labor educativa en zonas alejadas de la capital. La vigilancia y participación de los propios trabajadores serán clave para garantizar que la implementación de estos módulos cumpla con su promesa de justicia y eficiencia en el ámbito laboral.