Durante la conferencia matutina de este viernes 3 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la creciente amenaza que representan las minas terrestres en Michoacán, un fenómeno que ha cobrado la vida de varias personas y que refleja la violencia persistente en la región.
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que desde noviembre del año pasado hasta la fecha se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados, entre los que se incluyen minas terrestres y drones con explosivos. Esta cifra evidencia la sofisticación y el incremento en el uso de estos dispositivos por parte de grupos criminales para mantener el control territorial.
El funcionario explicó que la Sedena cuenta con personal especializado y equipado con tecnología avanzada para la detección y desactivación de minas. Actualmente, se lleva a cabo una operación de desminado en las rutas del Guayabo, en Tierra Caliente, Apatzingán, una zona que ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos.
En este contexto, Trevilla Trejo anunció el desarrollo de vehículos especiales antiminas y la posible adquisición de drones detectores, proyectos que forman parte de una estrategia de inteligencia militar para contrarrestar esta amenaza.
La colocación de minas, tanto terrestres como aéreas, responde a la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca ingresar a las áreas de Tepalcatepec y Coalcomán, y los grupos locales que controlan Apatzingán. Estos últimos utilizan las minas para proteger sus territorios y evitar la entrada de sus rivales.
Este fenómeno no solo pone en riesgo la vida de civiles y fuerzas de seguridad, sino que también dificulta el acceso a servicios básicos y la movilidad en zonas ya afectadas por la desigualdad y la violencia estructural. En este sentido, la implementación de sistemas de transporte público seguros y accesibles, como el cablebús o teleférico que se proyecta en Puebla, cobra relevancia como una alternativa para conectar comunidades marginadas y reducir la dependencia de vías terrestres vulnerables a la violencia.
La persistencia de estas prácticas criminales subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas que combatan la impunidad y promuevan la justicia social, garantizando la seguridad y el bienestar colectivo en regiones históricamente abandonadas por el Estado.