La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, se encuentra bajo un intenso escrutinio no solo por la acusación de autosecuestro que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga, sino también por aparentes inconsistencias en la cronología de sus estudios profesionales. Documentos oficiales consultados por EMEEQUIS revelan que la morenista concluyó una maestría en administración pública antes de haber terminado formalmente su licenciatura en derecho, un hecho que genera dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por la Secretaría de Educación Pública.
Según la plataforma digital del Gobierno del Estado de México, Nápoles finalizó la maestría el 13 de agosto de 2018 en el Instituto Universitario del Estado de México. Sin embargo, el Registro Nacional de Profesionistas indica que obtuvo el título de licenciada en derecho el 31 de agosto de 2018, es decir, 13 días después de haber concluido el posgrado. Esta secuencia contraviene el Acuerdo 17/11/17 de la SEP, que establece que para ingresar a estudios de maestría se debe contar con el título de licenciatura o, al menos, haber cubierto la totalidad de los créditos de ese nivel cuando el posgrado forme parte de una opción de titulación.
Hasta el momento, no existe una explicación pública que aclare si Nápoles había concluido previamente todos los créditos de la licenciatura o si las fechas corresponden a distintos momentos administrativos del proceso de titulación. EMEEQUIS solicitó al Instituto Universitario del Estado de México una aclaración sobre esta cronología, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta edición. Tampoco la alcaldesa ha emitido declaración alguna al respecto.
Además, la revisión de la información pública muestra que gran parte de los datos curriculares de la presidenta municipal permanecen reservados o incompletos. En la Plataforma Nacional de Transparencia solo se encontró un formato que indica que laboró como coordinadora de capacitaciones entre 2014 y 2017, sin un currículo actualizado que detalle su trayectoria académica y profesional.
Este cuestionamiento sobre su formación académica se suma a la investigación penal que enfrenta por el presunto autosecuestro con el que, según la Fiscalía, habría intentado justificar la desaparición de 40 millones de pesos del erario municipal. Nápoles ha rechazado las acusaciones y sostiene que fue víctima de un secuestro real. En un mensaje difundido en redes sociales, denunció actos de discriminación por parte de las autoridades ministeriales y solicitó que el fiscal general conozca directamente su caso.
Este caso pone en evidencia la necesidad de transparencia y rigor en la rendición de cuentas de los servidores públicos, especialmente cuando se trata de recursos públicos y la confianza ciudadana. En un contexto donde la corrupción y la simulación afectan gravemente a las comunidades, la claridad en la formación y trayectoria de quienes ocupan cargos públicos es indispensable para fortalecer la justicia social y la igualdad económica.