La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” denunció un intento de criminalización del ejercicio periodístico en Tenancingo, municipio gobernado por Nancy Nápoles Pacheco, tras la emisión de citatorios policiales contra cuatro comunicadores que integran el espacio “La Madeja Política de Tenancingo”.
Los periodistas Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez fueron notificados el pasado 2 de junio para comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec, dentro de la carpeta de investigación 275/2026. Se les atribuyen presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivados de publicaciones y comentarios en redes sociales sobre la alcaldesa.
El colectivo sostiene que las críticas se centran en temas de interés público como servicios y obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo, y que sus expresiones, aunque incluyen sarcasmo e ironía, forman parte del derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental. Sin embargo, la presidenta municipal habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada periodista, argumentando que las publicaciones la revictimizan al retomar un presunto secuestro que ella misma difundió en un video.
Además, “100 Periodistas por el Estado de México” denunció que la alcaldesa pidió a la ciudadanía evitar comentarios críticos en redes sociales y la difusión de contenidos periodísticos locales, lo que representa una restricción a la discusión pública y al debate democrático.
Este caso abre un debate crucial sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones. En un contexto nacional donde la violencia contra periodistas persiste, la agrupación hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al titular de la Fiscalía General de Justicia estatal y al Congreso local para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y evitar la criminalización de la labor informativa.
La defensa de la prensa independiente es fundamental para la transparencia y la justicia social, especialmente en regiones donde el poder político busca silenciar voces críticas bajo argumentos legales que pueden convertirse en herramientas de censura. Este episodio en Tenancingo refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de México, en línea con las reformas recientes en la materia.