Una investigación publicada por Cambio revela que la ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, figura política de Morena, estaría detrás de los ataques y el boicot al proyecto del Cablebús impulsado por el senador Alejandro Armenta. Este sistema de transporte por cable, concebido como una solución para la movilidad metropolitana en zonas con alta saturación vehicular, enfrentó una oposición prolongada que duró más de cinco meses y alcanzó su punto culminante este jueves 18 de junio en la sesión de Cabildo.
Durante dicha sesión, se sometió a votación la entrega en comodato de cuatro predios municipales a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado para la construcción de estaciones del Cablebús. A pesar de la resistencia, el dictamen fue aprobado con 17 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Sin embargo, la ex alcaldesa Rivera Vivanco habría ordenado a su hermana Mayte Rivera Vivanco y a la regidora Alondra Méndez no avalar la entrega de estos terrenos, lo que se tradujo en una abstención y la ausencia de voto, respectivamente.
Los predios en cuestión incluyen una fracción del Parque Biblioteca (6,721.97 m²), el Parque Juárez (3,900 m²), una parte del Cerro de Amalucan (más de 2,000 m²) y un terreno en la intersección de la 11 Sur y Boulevard Carmelitas (448 m²). La negativa a ceder estos espacios ha sido uno de los principales obstáculos para la implementación del Cablebús, que busca articular corredores urbanos estratégicos mediante nodos de transferencia y conexión con otros sistemas como la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
La oposición al proyecto no se limitó a las acciones en el Cabildo. Exfuncionarios de la administración de Rivera Vivanco, como Armando Pliego Ishikawa y Jared Carcaño, encabezaron críticas en foros y redes sociales, argumentando preocupaciones ambientales y sociales. Pliego Ishikawa, en particular, ha participado en movilizaciones y asambleas bajo la bandera de la defensa de áreas verdes, aunque su postura ha sido cuestionada por su cercanía política con la ex alcaldesa.
Además, un grupo de estudiantes y académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través del Instituto Alfonso Vélez Pliego, impulsó el movimiento anticablebús. Este colectivo, que incluye a investigadores y urbanistas, ha cuestionado la viabilidad del transporte por cable como alternativa de movilidad, promoviendo incluso la toma de la Torre de Rectoría y exigiendo foros donde pudieran participar enmascarados. Entre sus integrantes destacan figuras como Gustavo David Domínguez, representante de la Oficina de la Abogada General de la BUAP, y Dolores López Morales, directora de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Este entramado de actores políticos y académicos refleja una estrategia coordinada para frenar un proyecto que, desde la perspectiva estatal, representa una apuesta por la justicia social y la mejora en la calidad de vida de las y los poblanos, especialmente en las zonas más vulnerables de la capital poblana. El Cablebús, como sistema de transporte masivo aéreo, busca reducir tiempos de traslado y descongestionar el transporte público tradicional, contribuyendo a una movilidad más sustentable y equitativa.
La resistencia al proyecto, bajo argumentos ambientales y de defensa del patrimonio, parece estar permeada por intereses políticos y luchas de poder que anteponen la grilla al desarrollo urbano y social. En un contexto donde la movilidad es un derecho colectivo y una necesidad urgente, la implementación del Cablebús representa un avance significativo para Puebla, que no debe ser obstaculizado