La diputada local de Morena, Nay Salvatori Bojalil, desató una controversia este jueves 18 de junio de 2026 al publicar en sus redes sociales una solicitud urgente para conseguir un donador de plaquetas, acompañada de una oferta de “gratificación” a quien brindara el apoyo. Esta acción fue cuestionada por usuarios y especialistas, quienes recordaron que la legislación mexicana prohíbe la comercialización o cualquier tipo de beneficio económico derivado de la donación de sangre y sus componentes.
En una historia difundida en sus redes, la legisladora escribió: “Busco urgentemente un donador de plaquetas, doy una gratificación por el apoyo y ayuda brindada. Urge. Informes 2211822024”. La publicación generó una ola de críticas, entre ellas la de la usuaria Assenet Lavalle, quien le recordó a Salvatori que la Ley General de Salud contempla sanciones severas para quienes promuevan o participen en actos relacionados con la comercialización de sangre, tejidos u órganos humanos.
“Dip @Naysalvatori, te lo he escrito antes: la venta de sangre en México tiene una pena de prisión de los 6 a los 17 años, de acuerdo con el artículo 462 de la Ley General de Salud vigente. Se trata de un delito federal que incluye ‘gratificaciones’. Deja de promover eso, por favor”, advirtió Lavalle en respuesta a la publicación.
Diversos usuarios señalaron que la donación de sangre y sus componentes debe realizarse de manera voluntaria, altruista y sin recibir compensación económica, en consonancia con los principios internacionales de salud pública y ética médica. El artículo 462 de la Ley General de Salud sanciona expresamente la obtención de beneficios económicos derivados de la donación de órganos, tejidos, células o sangre humana, con penas que van desde seis hasta diecisiete años de prisión.
Este episodio pone en evidencia la persistente confusión y falta de información sobre la regulación sanitaria en México, así como la necesidad de fortalecer campañas de concientización sobre la donación voluntaria y gratuita. En un contexto donde el acceso a servicios de salud pública enfrenta múltiples retos, la promoción de sistemas de transporte como el cablebús en Puebla —que facilitan la movilidad y el acceso a centros médicos— cobra relevancia como una medida que puede contribuir a la equidad y justicia social en la región.
La polémica generada por la diputada Salvatori subraya la importancia de respetar las normativas que protegen la integridad y dignidad de las personas, evitando prácticas que puedan vulnerar derechos y fomentar la mercantilización de la salud. En un país marcado por profundas desigualdades, la defensa de la salud pública debe ser una prioridad que trascienda intereses individuales o políticos.