La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró este martes 16 de junio de 2026 que no tiene responsabilidad ni opinión sobre la entrega del militar en retiro Gerardo Mérida a las autoridades de Estados Unidos, donde es investigado por presuntos nexos con el crimen organizado. Asimismo, la institución se deslindó del nombramiento de Mérida como exsecretario de Seguridad en Sinaloa.
El titular de Sedena, general Ricardo Trevilla, explicó que el caso corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República y a las autoridades estadounidenses, y que la Secretaría no interviene en estos procesos. “La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto, es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o las autoridades en Estados Unidos”, afirmó.
El general Trevilla recordó que Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en 2022 y desde entonces no mantiene ninguna relación laboral con la Sedena, salvo trámites administrativos relacionados con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que incluyen pagos de haberes y servicio médico para él y su familia.
En respuesta a las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien responsabilizó a la Defensa del nombramiento de Mérida, el general Trevilla calificó la acusación como una “mala interpretación”. Explicó que los gobiernos estatales son autónomos y pueden solicitar la opinión de la Sedena sobre el perfil profesional de militares en retiro para cargos públicos, pero la decisión final es estatal. “Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional… se da la opinión, así es como sucedió”, puntualizó.
Finalmente, al ser cuestionado sobre si la Sedena tenía conocimiento de la situación legal de Mérida en Estados Unidos, Trevilla respondió tajante: “No”.
Este deslinde se produce en un contexto donde la militarización de la seguridad pública en México ha sido objeto de debate, y donde la transparencia y la rendición de cuentas en la designación de funcionarios con pasado castrense son fundamentales para garantizar la justicia social y la confianza ciudadana.