La tarde del jueves 11 de junio de 2026, en la intersección de la calle 14 Oriente y la 3 Norte, una zona de alta afluencia turística y familiar en San Andrés Cholula, Puebla, se registró un caso grave de abuso de autoridad y violencia policial. Al menos cinco elementos de la Policía Montada sometieron con lujo de violencia a una mujer frente a sus dos hijos menores, quienes presenciaron y documentaron la agresión.
El incidente fue captado por una menor de aproximadamente 12 años, hija de la víctima, quien grabó con su celular cómo los policías sometían a su madre mientras ella gritaba pidiendo que no la tocaran. Los niños, entre llantos y súplicas, intentaron auxiliar a su madre y registrar los hechos, pero fueron también agredidos por los uniformados, quienes los jalonearon e intimidaron para que dejaran de grabar.
“Esto es evidencia en contra de tu mamá, si tienes el vídeo, también lo tenemos”, les dijeron los policías a los menores, según el testimonio recogido en el video. La niña que grabó tuvo que recibir atención médica de emergencia debido al dolor físico y al estrés provocado por la agresión.
Las autoridades municipales justificaron la actuación policial argumentando que la mujer conducía bajo los efectos del alcohol y había chocado contra maceteros en la zona peatonal, poniendo en riesgo a los visitantes y a sus propios hijos. Sin embargo, la violencia ejercida y la falta de protocolos para proteger a los menores evidencian una grave violación a los derechos humanos.
Este episodio se suma a un patrón preocupante de abuso policial en municipios con alta presencia turística, donde la seguridad debería garantizarse sin recurrir a la violencia desmedida. En un contexto donde Puebla impulsa proyectos de movilidad sustentable como el cablebús, que buscan mejorar el acceso y la calidad de vida de la población, es indispensable que las autoridades municipales también garanticen el respeto irrestricto a los derechos ciudadanos y la protección de las familias.
La grabación del hecho ha circulado en redes sociales, generando indignación y demandas de justicia por parte de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de revisar y reformar los protocolos policiales para evitar que la violencia institucional siga afectando a los sectores más vulnerables, especialmente a los niños.