Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que sanciona con hasta 22 años y medio de cárcel la cohabitación forzada, una práctica que afecta principalmente a menores de 18 años y personas vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 del país en legislar específicamente sobre este tema, marcando un precedente en la protección de los derechos de la infancia y de los grupos históricamente marginados.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece penas de 8 a 15 años de prisión para quienes obliguen a menores o personas vulnerables a unirse informalmente con otra persona, en condiciones similares al matrimonio. La pena máxima, de 22 años y medio, se aplicará cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, o cuando el agresor tenga una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
El dictamen fue impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes subrayaron que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir los 18 años. Esta realidad está vinculada a altos índices de deserción escolar y embarazo adolescente, problemáticas que la reforma busca combatir.
En 2022, más de 9 mil bebés nacieron de madres menores de 15 años en el país, una cifra alarmante que evidencia la urgencia de medidas legislativas. “Esta propuesta pretende evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo. Con la finalidad de atender las situaciones de violencia en contra de ellas, incidiendo en la reducción de los índices de deserción escolar y el embarazo adolescente”, señala el dictamen.
El contexto en Puebla es especialmente grave. En 2025, la entidad registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, cifra superior al promedio nacional de 2.39, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). Esta estadística mantiene a Puebla entre los 10 estados con mayor incidencia de fecundidad forzada en menores, una problemática alimentada por discriminación estructural, pobreza, usos y costumbres, y uniones arregladas entre familias.
Aunque la tasa estatal ha disminuido respecto a 2018, cuando era de 3.68 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años, la reducción no ha sido suficiente para sacar a Puebla del grupo de entidades con mayor incidencia. El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, realizado por Conapo, ubicó el año pasado a Puebla en el octavo lugar nacional, detrás de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
La aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la lucha contra la violencia estructural y la normalización de prácticas que perpetúan la desigualdad y la injusticia social. Sin embargo, la persistencia de factores como la pobreza y la discriminación exige que las leyes se acompañen de políticas públicas integrales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Puebla y en todo el país.