La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció una menor de seis años conocida como “Vicky”, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares, quien ha sido objeto de investigaciones por diversas irregularidades durante su gestión como secretario de Educación Pública en la administración del gobernador Guillermo Pacheco Pulido.
La empresa “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable” fue constituida en 2014 por Alvízar Linares junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, socia también en otras empresas constructoras. En ese momento, Alvízar era diputado local de la LIX legislatura por Movimiento Ciudadano, previo a ocupar el cargo de regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Desde 2013, un año antes de formalizar la sociedad mercantil, la clínica se promocionaba en redes sociales con un video que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”. Sin embargo, el espacio reducido para operaciones, cuneros y equipo médico contrasta con lo que se observa en hospitales públicos o privados de mayor envergadura. Además, la página web enlazada en el video corresponde a una clínica homónima en Argentina, lo que evidencia una falta de transparencia.
En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica carecía de cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año, además de haber sido clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. A pesar de una multa de 18 mil pesos por retirar los sellos de clausura, el establecimiento continuó operando.
En 2018, Alvízar nombró como gerente a Jane Jessica Espinoza Agis, quien se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su paso como subsecretario de Educación Superior en 2017 y luego como secretario de Educación en el gobierno de Pacheco Pulido. En 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el exfuncionario se encontraba prófugo, sin registro de actividad pública hasta la fecha.
Las reseñas en Google reflejan la precariedad y negligencia en la atención médica. Pacientes han denunciado falta de higiene, mala atención y errores médicos graves. Un testimonio de hace dos años relata que a un recién nacido no se le dio un primer baño y se le recetó un medicamento para adultos, lo que representa un riesgo de infección. Otro usuario calificó al personal como grosero y prepotente, mientras que un testimonio de hace cinco años advertía sobre los riesgos de acudir a esta “clínica negligente”.
A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y áreas de internamiento, el personal continúa operando con normalidad. En una llamada realizada por Oro Noticias, la administración confirmó que mantienen servicios y ofrecen consultas de valoración. Incluso se ofreció la renta de espacios para que médicos externos realicen procedimientos, sin mencionar la clausura vigente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano. La menor “Vicky” fue llevada a la clínica para un procedimiento menor, pero horas después su familia fue notificada de su fallecimiento sin que se les explicaran las causas o complicaciones.
Este caso pone en evidencia la precariedad y falta de regulación en clínicas privadas que operan en condiciones irregulares, afectando especialmente a sectores vulnerables que buscan servicios de salud accesibles. La justicia social demanda una supervisión estricta y la garantía de derechos colectivos en materia de salud pública, para evitar que tragedias como la de “Vicky