El pasado lunes, autoridades estadounidenses impusieron cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, y ordenaron que entregue 15 mil millones de dólares como parte de su sentencia. Ante este fallo, México buscará obtener una tajada de los bienes decomisados al narcotraficante, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Fiscalía General de la República (FGR) revisará la posibilidad de solicitar a Estados Unidos una parte de los activos que sean localizados y confiscados. Sin embargo, el país enfrenta una carrera contra el tiempo para identificar las propiedades, empresas y cuentas bancarias vinculadas a Zambada antes de que las autoridades estadounidenses congelen o reclamen esos activos.
David Saucedo, especialista en seguridad, advirtió que aunque la FGR puede iniciar procesos de extinción de dominio e incautación, el procedimiento podría prolongarse durante años debido a la falta de una carpeta de investigación sólida que demuestre la propiedad de bienes específicos en México. “Hasta donde sabemos, no hay en México una carpeta de investigación con esas características que demuestre que tal edificio, tal fábrica es de El Mayo Zambada”, explicó.
El experto señaló que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se adelanta y congela cuentas y propiedades, las posibilidades de que México las reclame se reducen considerablemente. Según estimaciones de fuentes estadounidenses citadas por Saucedo, la fortuna del narcotraficante podría ascender a 50 mil millones de dólares, por lo que el monto ordenado por la corte equivaldría aproximadamente a una tercera parte de sus bienes.
Este esfuerzo por recuperar activos se suma a otras acciones emprendidas por el Gobierno mexicano para combatir la corrupción y el narcotráfico. En tribunales de Florida, México ha obtenido sentencias civiles por más de 3 mil millones de dólares contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, su esposa y empresarios vinculados, aunque la recuperación efectiva hasta ahora representa solo una fracción de esa cantidad.
En 2019, el gobierno también anunció que buscaría reclamar parte de los 12 mil 600 millones de dólares que una corte estadounidense ordenó decomisar a Joaquín El Chapo Guzmán. A pesar de que se planteó crear una comisión binacional para localizar y repartir esos bienes, hasta la fecha no se ha informado que México haya recibido recursos derivados de esa orden.
En cuanto a la posibilidad de entrevistar a Zambada, la presidenta Sheinbaum indicó que corresponderá a la FGR determinar si es conveniente para conocer de primera mano las circunstancias en las que llegó a Estados Unidos. Sobre las declaraciones del narcotraficante tras su sentencia, en las que afirmó que “la violencia debe acabar en México. Nadie ganará esta guerra”, la mandataria se limitó a señalar: “Viniendo de quien viene, es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo. Es el principio de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”.
Este contexto subraya la complejidad de enfrentar el entramado económico del narcotráfico, donde la recuperación de activos es un paso crucial para debilitar las estructuras financieras que sostienen la violencia y la desigualdad en México.