El fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, ofreció ayer una versión que contradice la narrativa oficial del gobierno estadunidense respecto al asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado. Según Reitz, no existe evidencia de que Salgado haya golpeado un vehículo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de ser abatido por agentes de esa dependencia.
El funcionario detalló que los agentes del ICE buscaban a dos hombres guatemaltecos que conducían una camioneta similar a la de Salgado, y que se parecían al mexicano y a su acompañante. Esta versión difiere del comunicado inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que señalaba a Salgado como el objetivo directo de una operación de control migratorio.
De acuerdo con la fiscalía, cuatro agentes en dos vehículos rodearon la camioneta de Salgado; dos de ellos descendieron y le ordenaron poner la marcha en Parking. Uno de los oficiales estaba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado intentó dar marcha atrás y luego avanzar, explicó Reitz. No obstante, el comunicado más reciente no menciona ninguna colisión entre la camioneta de Salgado y los vehículos policiales, ni que el agente haya actuado en “defensa propia”, como afirmó el ICE. Tampoco se reportaron lesiones entre los agentes involucrados.
La fiscalía no ha identificado al agente que disparó ni aclaró si fue quien estaba junto a la camioneta. Este caso se suma a la controversia por el asesinato del migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, en Biddeford, donde se reveló que los agentes del ICE portaban cámaras corporales que “no podían encender”, según reportó The Intercept citando a cuatro funcionarios anónimos de la agencia.
Estos agentes usaban micrófonos con altavoz remoto Motorola SVX Video, dispositivos inalámbricos con cámara, pero sólo los empleaban como micrófonos para comunicación interna debido a limitaciones contractuales con la empresa Axon, conocida por sus cámaras corporales. La función de grabación de video requiere una suscripción adicional, señalaron las fuentes.
Este problema de equipamiento se enmarca en un contexto de promesas incumplidas de modernización. Durante la represión migratoria en Minnesota, el ICE anunció la compra y distribución de cámaras corporales para todos sus equipos de arresto. Sin embargo, según documentos del DHS, el ICE planea gastar más de 100 millones de dólares en un contrato de seis años para radios inteligentes Motorola, mientras que Axon, que antes se llamaba Taser, recibió una solicitud pública de compra por 220 millones de dólares el mes pasado.
Cabe destacar que dos semanas antes de esta solicitud, el entonces presidente Donald Trump adquirió acciones de Axon por un valor de 5 millones de dólares, lo que añade un matiz de conflicto de intereses en la relación entre el gobierno y las corporaciones proveedoras de equipo policial.
Estos hechos evidencian la opacidad y falta de transparencia en las operaciones del ICE, que afectan directamente la vida y derechos de migrantes, en un contexto donde la justicia social y la defensa de los derechos colectivos deberían prevalecer frente a la militarización y el control migratorio violento.