Una familia de la colonia San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, denunció un presunto saqueo y abuso de autoridad durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 27 de marzo a las 2:00 de la mañana en el Aserradero El Ciprés, propiedad de la familia. La diligencia, que según la familia carecería de fundamentos legales sólidos, dejó además a uno de sus miembros detenido sin explicación clara y a otros familiares amedrentados.
Flor Ruiz y su madre relataron que más de diez agentes armados arribaron con múltiples unidades a la vivienda que comparten con el aserradero, mientras que en una casa contigua viven otro hijo de la familia, su esposa y cuatro menores. Ante la presencia policial, madre e hija se resguardaron en la azotea y llamaron al padre, quien al llegar fue impedido de ingresar y no se le mostró la orden judicial.
Al descender horas después, la familia constató que los agentes habían revisado exhaustivamente la casa, desactivado cámaras de seguridad y sustraído objetos de valor, incluyendo joyas y dinero en efectivo. “Cuando me dirijo a mi cuarto veo desorden, ropa tirada, cosas, cajones abiertos. Observo que en mi vestidor ya no está donde yo guardaba mis ahorros… me los habían vaciado. A mí hija también le robaron sus bolsas de mano, le robaron todas sus joyas”, narró la madre.
En la otra vivienda, el hermano de Flor fue detenido sin justificación clara, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un vehículo y amedrentados con armas por los agentes. Además, la familia denunció que todos sus vehículos particulares y varios camiones de carga del negocio fueron retirados sin explicación, incluso con choferes presentes.
La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, del Control Regional de la Región Judicial Centro Poniente, quien según la familia está bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se especificaron los motivos. La diligencia se fundamentó en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y la presencia de vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoacán, para investigar un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Sin embargo, la familia señaló múltiples irregularidades en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/CJMPUEBLA-I/003921/2026, como la negación oficial de la presencia de menores, la omisión de registrar varios objetos sustraídos, la negación de la presencia de un vehículo del Ejército y la subestimación del número de agentes que participaron, cuando las imágenes de cámaras de seguridad muestran más del doble de efectivos.
“Ese es el tipo de servidores públicos que hoy tenemos que abusan de su autoridad, es este el tipo de jueces que autorizan estos cateos sin tener las pruebas suficientes, solo basándose en la testificación de dos personas sin analizar videos ni otras evidencias”, denunciaron.
En un video difundido en redes sociales, la familia niega las acusaciones en su contra y solicita el apoyo ciudadano para visibilizar su caso, exigir justicia y poder reactivar su negocio, afectado por las irregularidades y el abuso de poder. Este episodio refleja, una vez más, las fallas estructurales en el sistema de justicia y la vulnerabilidad de las comunidades frente a operativos policiales que,