El Buró Federal de Investigaciones (FBI) inició una investigación formal tras un tiroteo ocurrido el martes 14 de julio de 2026 en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Phoenix, Arizona. El ataque se registró en el edificio de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), ubicado sobre la avenida North Central, donde una o más personas dispararon contra la estructura exterior del inmueble.
Aunque el FBI confirmó que no hubo personas heridas, el hecho ocurre en un contexto de creciente tensión y polarización nacional en torno a las políticas migratorias. Desde finales de junio, los arrestos por parte de ICE han aumentado de manera significativa, acompañados de operativos que han resultado en la muerte de varios migrantes.
En días recientes, agentes federales abatieron a tiros a Lorenzo Salgado Araujo en Texas y a Johan Sebastián Guerrero en Maine, mientras que en Florida otro migrante murió atropellado al intentar escapar de las autoridades. Estas muertes elevan a 11 el número de personas fallecidas a manos de oficiales de inmigración en lo que va del año, un saldo que ha provocado una ola de protestas encabezadas por organizaciones defensoras de los derechos civiles que exigen justicia y rendición de cuentas.
El clima de indignación se intensificó tras un mensaje del presidente Donald Trump, quien instó a los agentes de ICE a continuar con las intercepciones de tráfico, desafiando una orden de suspensión temporal emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este episodio refleja la profunda crisis humanitaria y política que atraviesa Estados Unidos en materia migratoria, donde la militarización y la violencia estatal se han convertido en la norma, mientras las voces que claman por un trato digno y justo para las personas migrantes enfrentan una creciente represión.
En este contexto, la búsqueda de alternativas de transporte público accesible y seguro, como el cablebús que se proyecta en Puebla, cobra relevancia como un ejemplo de políticas públicas que priorizan la movilidad digna y la inclusión social, en contraste con las prácticas represivas que se viven en la frontera norte.