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Rafael Z. permanecerá en prisión preventiva; en seis días definirán su vinculación a proceso por ataques en Vía Atlixcáyotl
julio 15, 2026

Rafael Z. permanecerá en prisión preventiva; en seis días definirán su vinculación a proceso por ataques en Vía Atlixcáyotl

Rafael Z., empresario de origen español señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, continuará en prisión preventiva tras concluir su audiencia inicial.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez concedió un plazo de hasta 144 horas, es decir, seis días, para resolver si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. La continuación de la audiencia será determinante para que el caso avance a la etapa de investigación complementaria.

Los hechos que motivaron esta investigación comenzaron a registrarse desde abril, cuando se reportaron disparos contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, generando un clima de inseguridad y temor entre los automovilistas. La Fiscalía relacionó al menos 11 carpetas de investigación, incluyendo una por tentativa de homicidio tras resultar lesionado un joven, además de diversos casos por daños en propiedad ajena.

La detención de Rafael Z. ocurrió el 14 de julio en un operativo en el fraccionamiento Santa Fe. Durante el cateo, las autoridades indicaron que el detenido presuntamente disparó contra agentes ministeriales, por lo que también enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado y daños en propiedad ajena. En los inmuebles cateados se aseguraron armas de fuego, cientos de cartuchos, dinero en efectivo y la camioneta GMC Denali que, según la Fiscalía, utilizaba para cometer los ataques.

La identificación del presunto responsable fue posible gracias al análisis de cámaras de videovigilancia, peritajes balísticos en tercera dimensión, reconstrucciones de los hechos y labores de inteligencia, tras la primera denuncia formal presentada en junio.

Este caso refleja la persistente inseguridad que afecta a Puebla, donde la violencia armada contra la población civil se ha convertido en un problema estructural. La pronta resolución judicial será clave para garantizar justicia y evitar que la impunidad siga alimentando la violencia en la región.

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