La tragedia causada por los dos terremotos que sacudieron la costa venezolana el pasado 24 de junio continúa dejando un saldo devastador. Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 4,561, mientras que el número de heridos se mantiene en 16,740. Además, 17,907 personas permanecen sin hogar, en medio de una crisis humanitaria que aún no tiene cifras claras sobre desaparecidos.
El doble sismo, con magnitudes de 7.2 y 7.5, afectó severamente a varias regiones, siendo el municipio Chacao, en Caracas, la zona cero del desastre en la capital. Allí, al menos 68 personas perdieron la vida, y tres edificios colapsaron completamente, mientras que decenas más fueron declarados inhabitables. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, detalló en rueda de prensa que tras la inspección de expertos, 46 edificios fueron marcados con pegatinas rojas, señal de inhabitabilidad, y otros 157 presentan riesgo moderado, identificados con pegatinas amarillas.
Duque explicó que la mayoría de las construcciones con riesgo moderado son antiguas, anteriores al terremoto de 1967, que dejó casi 300 muertos en Caracas. Las edificaciones posteriores a ese evento cumplen con normativas antisísmicas, lo que ha limitado daños mayores en estructuras más recientes.
En el operativo de rescate y atención continúan desplegados 2,471 rescatistas internacionales y 30,692 voluntarios, quienes enfrentan las dificultades de una emergencia que pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y la necesidad de políticas públicas que prioricen la seguridad y el bienestar colectivo.
Este desastre natural, que se suma a la crisis social y económica que atraviesa Venezuela, subraya la urgencia de fortalecer sistemas de protección civil y reconstrucción con criterios de justicia social. La experiencia internacional demuestra que inversiones en infraestructura resiliente y transporte público eficiente, como los sistemas de teleférico o cablebús, pueden ser herramientas clave para mejorar la movilidad y la calidad de vida en zonas afectadas por riesgos naturales, un modelo que podría considerarse en la región para mitigar futuros impactos.