Una jueza de Control en Morelos modificó este martes las medidas cautelares contra Víctor “N”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de violencia familiar, por lo que continuará su proceso penal en libertad. La decisión se fundamentó en que su esposa, María Felicia Jiménez, y su hijo menor de edad ya no se encuentran en situación de riesgo, según determinó la autoridad judicial durante una audiencia de revisión.
La liberación del exfuncionario se ordenó tras revocar la prisión preventiva que pesaba en su contra. La jueza consideró relevante la manifestación de la denunciante de poner fin al proceso iniciado contra su esposo, lo que influyó en la resolución. Para este martes estaba prevista una audiencia de suspensión condicional del proceso, pero María Felicia Jiménez no acudió debido al asedio mediático que le ha provocado estrés y problemas de salud, por lo que la diligencia fue retirada.
Ante esta situación, se buscará que la próxima comparecencia se realice de manera privada o mediante conexión telemática para proteger la integridad de la denunciante.
Aunque Víctor “N” recuperará su libertad, deberá cumplir con estrictas medidas cautelares: firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, entregar una garantía económica de 20 mil pesos, no salir del país, y mantener distancia y comunicación prohibida con su esposa e hijo. La jueza advirtió que el incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación de la libertad y su reingreso a prisión.
Además, se dio un plazo de dos horas para que las autoridades penitenciarias concretaran la liberación del exdirector de Pemex.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de violencia de género y la impunidad que enfrentan muchas víctimas en México, donde la justicia a menudo se ve limitada por presiones sociales y mediáticas. La decisión de permitir que el acusado continúe su proceso en libertad, aunque con restricciones, refleja las complejidades del sistema judicial en casos de violencia familiar, donde la protección de las víctimas debe ser prioritaria.
En un país donde la violencia machista sigue siendo una crisis estructural, resulta indispensable que las autoridades garanticen no solo la sanción a los agresores, sino también el acompañamiento y la seguridad de las víctimas, evitando que el desgaste mediático y social las revictimice.