El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, demandó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicite licencia mientras se esclarece la presunta disposición de la mandataria para colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Esta exigencia surge a raíz de la difusión, el lunes 13 de julio de 2026, de un segundo audio atribuido a Ávila Olmeda, dado a conocer por el columnista Héctor de Mauleón. En la grabación se escucha a un supuesto asesor externo del FBI ofrecer una última oportunidad para “frenar los cargos o sanciones a tiempo”, lo que ha generado preocupación sobre la posible entrega de información sensible relacionada con las mesas de seguridad del estado.
En redes sociales, Romero Herrera respaldó el llamado del PAN en Baja California para que la gobernadora se aparte temporalmente del cargo, argumentando que “ningún interés personal puede estar por encima de México”. El dirigente enfatizó que el asunto trasciende la cuestión migratoria y se convierte en un tema de seguridad nacional.
“Si Marina del Pilar estuvo dispuesta a compartir con el FBI información conocida en las mesas de seguridad, debe aclararlo de inmediato. Morena acusa de ‘traición a la patria’ a quienes exigen justicia, pero guarda silencio ante esto”, denunció el líder panista, evidenciando la polarización política que rodea el caso.
La gravedad del audio radica en la reacción de la gobernadora al escuchar la posibilidad de ser extraditada, lo que pone en el centro del debate la transparencia y la lealtad de los funcionarios públicos frente a las instituciones nacionales.
Este episodio se suma a un contexto de creciente desconfianza hacia las élites políticas y la influencia de agencias extranjeras en asuntos internos, un tema que resuena con fuerza en la agenda de justicia social y soberanía nacional que reclama la ciudadanía.
Mientras tanto, la exigencia de licencia busca garantizar que la investigación se realice sin interferencias y que se preserve la integridad de las instituciones estatales, en un momento en que la gobernabilidad y la seguridad pública requieren respuestas claras y responsables.