En la Barranca de Santa Rita, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, el colectivo “Buscando Cuerpos” localizó una mega fosa clandestina con al menos 375 cuerpos, según la estimación basada en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por individuo. Este hallazgo revela la magnitud de la crisis forense y de derechos humanos que persiste en la región.
Margarita López Pérez, activista, madre buscadora y exlegisladora local, detalló que las excavaciones en el predio conocido como “La Parotita” han evidenciado la fragmentación constante de las osamentas, lo que obliga a realizar el conteo formal a partir de los huesos sacros. En las jornadas más recientes, además, se recuperaron dos mandíbulas y fragmentos craneales que corresponden a menores de tres años, un dato que subraya la brutalidad de la violencia que ha azotado a la zona.
El colectivo, que ha trabajado en la región durante varios años, también documentó indicios biológicos recientes, como fragmentos de tejido con cabello aún conservado. Todo el material genético recuperado es enviado a laboratorios especializados en la Ciudad de México para su análisis y confronta de perfiles de ADN con familiares de personas desaparecidas.
López Pérez proyectó que las labores de recuperación, cribado y análisis forense en la barranca se extenderán por lo menos tres años más, dada la densidad de restos humanos enterrados. Criticó además al presidente municipal sustituto de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, por la ausencia de un esquema de seguridad y resguardo permanente en el perímetro de la fosa, lo que pone en riesgo la integridad de la escena y dificulta el trabajo de las familias buscadoras.
En el plano institucional, la activista lamentó que Michoacán siga siendo una de las pocas entidades federativas sin una legislación específica para la búsqueda de personas desaparecidas. Durante su gestión como diputada local, López Pérez impulsó y logró la aprobación de un dictamen de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, basado en la Ley General federal y consensuado con organizaciones civiles.
Sin embargo, esta normativa fue vetada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, una decisión que la exlegisladora atribuye a un bloqueo político y no a deficiencias técnicas, pues los colectivos atendieron las observaciones planteadas.
La falta de un marco normativo local precariza las labores de búsqueda por dos vías principales: limita el acceso a apoyos logísticos y operativos cuando los colectivos identifican nuevas zonas con posibles indicios biológicos, y no existen mecanismos legales para sancionar a funcionarios públicos que obstaculizan o dilatan las investigaciones y diligencias de campo.
Este hallazgo en Tacámbaro se suma a la larga lista de fosas clandestinas que evidencian la crisis de violencia y desapariciones forzadas en Michoacán y en el país, donde la impunidad y la falta de voluntad política continúan siendo los principales obstáculos para la justicia y la reparación a las víctimas.